Sala IV ordena liberar y definir estatus migratorio a personas que fueron enviadas por EE. UU. al país

 

La Sala IV ordenó liberar a los migrantes que aún permanecen albergados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM).

“Por mayoría, se declara parcialmente con lugar el recurso, se ordena a Jean Paul San Lee Lizano, en su condición de director general a. i. de Migración y Extranjería, o a quien ocupe ese cargo, que gire las órdenes necesarias, coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la comunicación de esta sentencia, en relación con los extranjeros deportados de EE. UU. y admitidas por Costa Rica a causa del acuerdo de cooperación entre ambos países, mediante acto final individual y fundamentado, a cada una se le defina su estatus migratorio y sean puestas en libertad.

A la vez, dentro de ese mismo plazo deberá coordinar con las entidades públicas pertinentes que se valore la situación de cada una de esas personas con la finalidad de determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y, en general, de tipo social requieren por parte del Estado”, indica la sentencia de la Sala Constitucional.

Del por tanto se desprende que

Además se declaró sin lugar el recurso en cuanto a presunta lesión al derecho de acceso a información pública y se aclaró que la decisión de permitir el ingreso por razones de humanidad es un acto político ajeno al control de constitucionalidad. De igual manera se condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con los hechos recurridos.

Los deportados

A inicios de año, un grupo de 200 migrantes fue deportado desde Estados Unidos hacia Costa Rica, específicamente a las instalaciones del CATEM, en Corredores de Puntarenas.

El primer grupo, integrado por 135 personas, llegó al país el 20 de febrero, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). A todos se les autorizó un ingreso excepcional y transitorio, sin necesidad de cumplir con los trámites migratorios habituales, gracias a un acuerdo negociado por el presidente Rodrigo Chaves Robles con el gobierno estadounidense.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) detalló que EE. UU. realizó un análisis individual de cada persona, descartando vínculos con agrupaciones terroristas o alertas de la Interpol. Además, todos manifestaron su voluntad de retornar a sus países de origen.

Los migrantes provenían de países como Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

Días después, el 25 de febrero, llegó un segundo grupo, conformado por 65 migrantes originarios de India, Congo, Nepal y Yemen.

Migrantes que aún permanecen en el país

El 12 de junio, Omer Badilla Toledo, viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración y Extranjería, informó que 33 migrantes del grupo original aún permanecían en Costa Rica. La distribución por nacionalidad era la siguiente:

• Afganistán: 3
• Armenia: 6
• Azerbaiyán: 4
• Irán: 4
• Congo: 1
• Rusia: 8
• Turquía: 7

Badilla indicó que estas personas tienen libertad de movimiento en el país y la opción de regularizar su situación migratoria.

Prórroga vigente

El 21 de abril, se publicó en La Gaceta la resolución DJUR-0135-04-2025-JM-ABM, mediante la cual la DGME extendió el plazo de permanencia para este grupo, prorrogando el documento original DJUR-0057-02-2025-JM.

Según el inciso b del punto cinco, los migrantes podían permanecer por tres meses, con posibilidad de una prórroga adicional por el mismo período, a discreción de la institución. Finalizado ese plazo, deberán abandonar el país o iniciar un proceso de regularización, conforme a la normativa vigente.

Preocupaciones de la Defensoría de los Habitantes

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, subrayó que, según tratados internacionales, Costa Rica no puede deportar personas a países donde su vida corra peligro. También destacó que pocas de las familias deportadas desean regresar a sus lugares de origen.

Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría es la falta de información clara para los migrantes deportados, quienes desconocen su situación legal en el país.

"No son personas que hayan cometido ningún delito y, por ende, no están privadas de libertad; tendrían que poder movilizarse si fuera necesario, pero nos indican que, si lo solicitan, deben ser custodiadas", señaló Cruickshank.

La institución también expresó preocupación por las condiciones del CATEM, que alberga tanto a migrantes deportados desde EE. UU. como a personas en tránsito que buscan retornar a sus países.

Aunque reciben atención médica y alimentación, el informe de la Defensoría advierte que persisten múltiples carencias que deben resolverse.

Trato diferenciado

Cruickshank compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en el marco de la investigación que realiza el Congreso sobre las condiciones de los migrantes y la actuación del Poder Ejecutivo.

Afirmó que los informes de la Defensoría se basan en observaciones objetivas, y no en opiniones o percepciones.

Según la institución, existe un trato diferenciado entre los migrantes que ya se encontraban en el CATEM y aquellos deportados desde Estados Unidos. Los primeros fueron trasladados a otra área del centro para dar espacio al nuevo grupo, pero la zona a la que fueron reubicados presenta condiciones deficientes.

Obstáculos en el acceso a la justicia

El más reciente Informe del Estado de la Justicia advierte que, desde 2010, se creó una normativa específica para atender las vulnerabilidades de las personas migrantes en Costa Rica. No obstante, su implementación sigue enfrentando múltiples obstáculos.

Entre las principales dificultades destacan: falta de recursos, gestión institucional errática, desconocimiento del personal judicial y débil coordinación interinstitucional.

El informe señala que la atención integral de estas vulnerabilidades excede las capacidades actuales del Poder Judicial por el volumen y complejidad de los casos. Aun así, reconoce que existe un esfuerzo y compromiso institucional para responder con un enfoque de dignidad a las necesidades de la población migrante, refugiada o en movilidad.