Protestas en Panamá: ¿Qué pasa en Bocas del Toro y por qué?
Durante las últimas semanas, la provincia panameña de Bocas del Toro se convirtió en el epicentro de una de las crisis sociales más profundas que ha enfrentado el país en los últimos años.
Lo que comenzó como una protesta contra una reforma del sistema de pensiones se transformó en huelgas masivas, bloqueos de vías, saqueos, represión policial y la suspensión de garantías constitucionales.
La chispa: la reforma de pensiones
Todo inició con la aprobación de la Ley 462 en marzo de 2025. El Gobierno de José Raúl Mulino la presentó como una medida urgente para enfrentar el creciente déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), uno de los pilares del sistema de pensiones panameño. Según el Ejecutivo, el fondo arrastra un hueco financiero de más de $650 millones y necesita reformas estructurales para evitar su colapso.
La nueva normativa establece un sistema de cuentas individuales, en el que cada trabajador tendrá una cuenta administrada por entidades financieras. Para los sindicatos, esto representa una privatización encubierta de la seguridad social, elimina la solidaridad entre generaciones y deja los ahorros de los trabajadores expuestos a la volatilidad del mercado financiero.
La ley también fue criticada por haberse aprobado sin un estudio actuarial independiente ni un proceso de consulta amplio con los sectores sociales. Expertos legales y en seguridad social han advertido que podría vulnerar principios constitucionales al debilitar derechos adquiridos.
El otro frente: la huelga en Chiquita
Mientras la controversia en torno a la reforma crecía a nivel nacional, en Bocas del Toro los trabajadores del sector bananero iniciaron una huelga indefinida. El 28 de abril, cientos de empleados de Chiquita Brands en Changuinola suspendieron labores en rechazo a la Ley 462 y para exigir mejoras salariales, condiciones laborales más dignas y garantías en materia de seguridad social.
La empresa consideró ilegal la huelga y procedió a despedir masivamente a los trabajadores por "abandono de trabajo". Según los sindicatos, más de 5.000 personas fueron cesadas. Chiquita reportó pérdidas superiores a los $75 millones.
El conflicto escaló con bloqueos en las principales vías de acceso a la provincia. Las rutas hacia Almirante, Changuinola y Guabito quedaron completamente paralizadas. El transporte de alimentos, combustibles y medicinas se redujo en un 90%, lo que generó escasez, incremento de precios y cuantiosas pérdidas para productores y comerciantes.
Las instalaciones de Chiquita fueron saqueadas. Además, según fuentes oficiales, los manifestantes incendiaron parcialmente un estadio de fútbol y entraron al aeropuerto local, donde destruyeron ventanas, dañaron vehículos y trataron de sustraer equipos de las oficinas administrativas.
La reacción del Gobierno
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno conformó una Comisión de Alto Nivel, habilitó un puente aéreo para enviar insumos a las zonas más afectadas y, el 20 de junio, decretó la suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro. La medida restringió derechos fundamentales como el de reunión, libre tránsito y manifestación.
El ministro de Seguridad, Frank Abrego, anunció el despliegue de más de 2.500 policías para restaurar el orden.
El presidente Mulino suspendió un viaje oficial a Europa, convocó a una mesa de diálogo con mediadores religiosos y expresó su disposición a discutir una legislación específica para el sector bananero. No obstante, reiteró que la reforma de pensiones no será retirada.
Las protestas han dejado un saldo de al menos un muerto, más de 300 personas detenidas y decenas de heridos, incluidos 14 agentes de policía. Las autoridades responsabilizan a "bandas delincuenciales" y "pandilleros" por los hechos de violencia.
El 21 de junio, como parte del estado de urgencia, se suspendió temporalmente el acceso a internet y a la telefonía móvil en toda la provincia.
Una salida incierta
Aunque algunos bloqueos han sido levantados, la tensión continúa. Las escuelas permanecen cerradas y el aeropuerto de Changuinola sigue fuera de operación.
De momento, el diálogo entre el Gobierno y los sindicatos avanza con lentitud y sin resultados concretos.
"Logramos de alguna manera tomar control de la situación" y las afectaciones por las protestas y saqueos "han cesado", aunque aún "sigue latente una amenaza", dijo el director de la policía, Jaime Fernández.
