Dos delitos: Acusación detalla responsabilidad de Chaves y Cisneros en financiamiento oscuro
Las presuntas acciones delictivas cometidas por el presidente Rodrigo Chaves Robles y la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, en relación con el supuesto financiamiento ilegal del que habrían sido partícipes, se enmarcan en la posible comisión de dos delitos.
Así lo hizo saber la Fiscalía General de la República en la acusación presentada el pasado lunes ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en la cual solicitó el levantamiento de la inmunidad tanto del mandatario como de Cisneros, así como de otros cinco imputados que también forman parte de los supremos poderes del Estado.
Información a la que tuvo acceso CR Hoy confirma que al presidente se le atribuyen dos delitos tipificados en los artículos 273 y 275, inciso b), del Código Electoral. En el caso de la diputada y vocera del Gobierno en la Asamblea Legislativa, se le señala únicamente por el delito descrito en el artículo 275.
En el apartado de responsabilidades de los actores, la Fiscalía sostiene que Chaves habría participado en la recaudación de fondos para sí mismo y para el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) sin contar con la autorización del tesorero de la agrupación.
Además, se le atribuye la presunta recepción de aportes económicos en su condición de candidato presidencial oficialmente inscrito, valiéndose del fideicomiso Costa Rica Próspera, una estructura paralela que, según el Ministerio Público, conocía y utilizó con el fin de evadir los controles legales establecidos.
En esta última conducta también se enmarca la participación de Cisneros, a quien se le atribuye conocimiento de las irregularidades, omisión en su denuncia y presunto beneficio personal derivado de los hechos.
"De la totalidad de donaciones efectuadas al fideicomiso, el acusado Rodrigo Chaves Robles recaudó del 25 febrero al 3 de julio de 2021 la suma de $123.500,00 dólares y C1.818.000 colones, y del 4 de julio al 31 de octubre de 2021 se recaudaron
$41.750,00 dólares y $4.712.000 colones; para un total de $165.250,00 (ciento sesenta y cinco mil doscientos cincuenta dólares) y C6.530.200 (seis millones quinientos treinta mil doscientos colones) colones", detalla la documentación.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, estas dos figuras de la política en apariencia usaron dos estructuras paralelas para financiar la campaña del PPSD y sus candidaturas para las elecciones del 2022, usando estrategias al margen de la legislación.
Las estructuras identificadas fueron el fideicomiso privado ATA Trust S.A., administrado por el canciller Arnoldo André Tinoco (también acusado en esta causa) y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero, hija del diputado oficialista Waldo Agüero, también imputado.
El caso lo asumió la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción bajo el expediente 22-000210-0276-PE, pero al existir miembros de los supremos poderes involucrados, el caso fue tomado por la Fiscalía General de la República.
Los imputados, del caso Financiamiento Jaguar, con cargo público a quienes los cobija el fuero especial son: Rodrigo Chaves Robles; los diputados chavistas Pilar Cisneros, Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar; el vicepresidente Stephan Brunner Neibig y el canciller André Tinoco.
El resto de sospechosos son investigados en una causa paralela.
"Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectado la integridad del proceso electoral", detalló la Fiscalía.
La acusación del Ministerio Público sostiene que la totalidad de los fondos recaudados mediante el fideicomiso Costa Rica Próspera fueron utilizados para financiar gastos político-electorales del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), al margen de los mecanismos legales establecidos.
Según el expediente, la empresa fiduciaria ATA Trust Company, en su calidad de administradora del fideicomiso, efectuó pagos relacionados con el alquiler del inmueble que sirvió como Casa de Campaña del partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder.
Con esos recursos también se habrían cubierto servicios públicos, salarios del personal contratado para la operación de la Casa de Campaña, honorarios de agencias de publicidad, gastos de giras proselitistas, así como la compra de mobiliario, equipo de cómputo y materiales propagandísticos utilizados durante el proceso electoral.
Todo este financiamiento se habría gestionado por fuera de los reportes oficiales que los partidos políticos están obligados a presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según establece la legislación costarricense.
"Es claro entonces que existen los elementos probatorios suficientes para establecer con probabilidad razonable la responsabilidad y autoría del acusado Rodrigo Chaves Robles en cuanto al delito imputado de Recaudación de fondos para sí y para el partido Progreso Social Democrático, sin haber contado con la autorización del Tesorero del Comité Ejecutivo Superior", dice el documento.
El Código Electoral establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Según lo investigado, existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) yb) del Código Electoral.
La acusación será puesta en manos de la Corte Suprema de Justicia para considerar si se solicita ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados.
